Nada nuevo en Interior. Ese podría ser el resumen de la designación del presidente Martín Vizcarra de su primer gabinete. Primero porque nadie duda que vendrán nuevos. Al menos en Interior, todos esperan que se repita el constante recambio de equipos que ha caracterizado los últimos años.
Mientras tanto, las políticas de seguridad ciudadana no son políticas sino proyectos, o programas en el mejor de los casos. Los mismos cambian, al igual que los equipos ministeriales, sin explicación alguna o vinculación con evaluaciones o análisis específicos. Las urgentes transformaciones que requiere la institución policial no se abordan o se realizan de forma tímida y poco sostenible.
Posiblemente Interior, a pesar del sustancial aumento presupuestario de los últimos años, siga siendo uno de los sectores menos modernizados y más atrasados de la administración pública. Imposible pensar en algo distinto cuando la sobrevivencia ministerial es mínima.
El ministro Medina reúne las características que muchos consideran claves para el cargo: haber sido policía y haber ocupado cargos de gestión. Sin embargo, los procesos de modernización de las políticas de seguridad demuestran que se requieren civiles, con baja vinculación institucional que les permita realizar los profundos cambios que se requieren en el mando, en la distribución policial, en la eficiencia del trabajo cotidiano, en la lucha contra la corrupción, en la mejora de las capacidades investigativas, entre muchos otros temas. No es una posición antipolicial, por el contrario. Múltiples son los espacios al interior del ministerio donde los retirados de la policía cumplen funciones de especial relevancia vinculada con las estrategias operativas y de gestión interna.
En el Perú los expertos en seguridad ciudadana son pocos. Casi no hay espacios de investigación o preparación universitaria en la temática y mucho menos financiamiento para la realización de investigación o desarrollo. No podemos olvidar que la seguridad, así como la educación o la salud, es un sector público que requiere técnica, conocimiento, indicadores y gestión.
Pero ahí va el otro problema del nuevo ministro. Su experiencia de gestión en el Viceministerio de Orden Interno por un año no mostró logros relevantes. ¿No pudo desarrollar un ambicioso programa de reforma porque el exministro Daniel Urresti se dedicaba a operativos? Es posible.
Más allá del ministro, los desafíos del Ministerio del Interior son enormes. En primer lugar, la lucha contra la corrupción interna debe ser potenciada con mecanismos internos y externos de transparencia y denuncia. Los ciudadanos no confían en la institución policial, la consideran corrupta, lenta e ineficiente lo que aumenta la sensación de impunidad y miedo que comparte la mayoría. Objetivo que requiere, en segundo lugar, de cambios institucionales profundos, del abandono de la bicefalia que prima hoy y se evidencia en la duplicación de prácticamente todas las funciones.
Policías y civiles en el Ministerio del Interior cumplen funciones parecidas, lo que incrementa la burocracia, limita los espacios de profesionalización y aumenta la discrecionalidad en la toma de decisiones. Se han aplicado medidas para avanzar en este sentido, como el cambio de funciones desarrollada por el exministro Carlos Basombrío pero nada augura que se mantengan. Nadie sabe cuán eficiente es el dinero que invertimos en el trabajo policial, los conceptos de efectividad y eficiencia son aún distantes para el debate cotidiano.
En tercer lugar, poner énfasis en la calidad del trabajo policial en las comisarias. Aquellos espacios que deberían estar abiertos para la atención rápida y efectiva de las víctimas y que son aún precarizados con una dotación que limitadamente sabe cuáles son los objetivos de su trabajo. Mejorar su servicio es urgente. De igual manera, la investigación criminal requiere ser potenciada. Más allá del caos organizacional y la congestión de los procesos, se requiere de mejores procesos de investigación criminal que efectivamente encuentren a los culpables de los delitos y resuelvan los desafíos de un país donde la impunidad criminal es la norma.
En cuarto lugar, continuar la lucha contra el crimen organizado desbaratando bandas es imperativo pero es urgente fortalecerla con investigación de lavado de activos. Seguir deteniendo criminales de nivel medio solo nos augura el desarrollo de más violencia por la lucha por los mercados criminales y la consolidación de nuevas bandas. La ruta efectiva es la del dinero, y por ende se requieren mecanismos sofisticados de investigación criminal.
Podríamos seguir mencionando una lista importante de tareas por realizar en el ministerio, pero la idea no es abrumar al titular del Interior o a su equipo (aún no es muy claro quiénes lo componen), sino establecer una hoja de ruta mínima con desafíos concretos y plazos claros. El ministro seguramente sabe que está corriendo contra el reloj, no hay tiempo para titubeos sino para la rápida implementación de iniciativas concretas y de fondo.
(Foto: Andina)
